Con el inicio del nuevo periodo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá dio paso a la conformación de su nueva junta directiva y a la intervención del presidente del país ante el pleno, marcando el comienzo de una etapa de gobierno que, desde sus primeras acciones, se perfila como una apuesta al diálogo político y a la implementación de reformas clave.
Dana Castañeda fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional, respaldada por una coalición entre partidos tradicionales y representantes independientes. A ella se sumaron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La diversidad de fuerzas representadas en esta nueva directiva refleja una Asamblea fragmentada, sin mayorías absolutas, lo que exige una dinámica de consensos para la aprobación de leyes y reformas.
Durante su intervención ante el cuerpo legislativo, el presidente instó a todos los grupos políticos a superar las rivalidades y a colaborar por el bienestar del país. Destacó la importancia creciente del grupo de diputados independientes, que ahora cuentan con 20 escaños, y lo consideró un mensaje evidente de la población respaldando nuevas prácticas en el manejo gubernamental.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la situación de la Caja de Seguro Social (CSS). El mandatario adelantó que el gobierno impulsará una reforma estructural del sistema, con base en diagnósticos técnicos y diálogo con todos los sectores. Aseguró que no habrá imposiciones, pero sí urgencia en la toma de decisiones, y prometió transparencia en la presentación de los estados financieros del ente.
Otro tema prioritario fue la migración irregular a través del Tapón del Darién. El presidente dejó claro que la frontera sur del país no será tratada como un simple paso de tránsito, sino como una línea de soberanía nacional. Anunció medidas concretas para el control del flujo migratorio, incluyendo un sistema de repatriación, que se ejecutará con apego a los derechos humanos.
En cuanto al sistema financiero, el mandatario reiteró su posición crítica hacia las listas discriminatorias en las que ha sido incluida Panamá por organismos internacionales. En respuesta, se anunció la creación de una Comisión Nacional de Defensa del Sistema Financiero, que trabajará en coordinación con los sectores público y privado para proteger la reputación del país y defender su marco legal en instancias globales.
La situación económica también estuvo presente en el discurso presidencial. Se señaló que la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos cinco años, por lo que se adoptará una política de austeridad. Se proyecta una reestructuración del gasto, la eliminación de privilegios innecesarios y una reorientación del presupuesto hacia la inversión en infraestructura, generación de empleo y atención social.
En relación con la gobernabilidad, el mandatario propuso fortalecer la institucionalidad del Estado y acabar con la politización de las instituciones. Anunció auditorías en distintas dependencias públicas, con el objetivo de garantizar eficiencia y transparencia. También se comprometió a establecer un nuevo estilo de gobernar, basado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Por último, convocó a una reunión abierta con los principales sectores empresariales, sociales y gremiales del país a partir del 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El objetivo, explicó, es construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar de forma articulada los principales desafíos del país: la seguridad social, el desempleo, el desarrollo económico, la migración y la crisis hídrica que afecta al Canal de Panamá.
Comienza una nueva etapa política, en la cual la Asamblea Nacional y el Ejecutivo deben alinearse en metas compartidas y atender un entorno nacional que demanda soluciones rápidas, un diálogo inclusivo y dedicación a las reformas que la ciudadanía solicita.
