El gobierno de Panamá manifestó su contento al ser eliminado de la lista de territorios con fallas estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, creada por la Unión Europea. Esta resolución fue informada oficialmente por las autoridades de la comunidad, destacando un logro significativo en el esfuerzo del país centroamericano por mejorar su reputación financiera internacionalmente.
Panamá fue eliminado de esa lista tras un extenso proceso de revisión y control, durante el cual el país llevó a cabo varias reformas legales, institucionales y normativas para cumplir con los estándares globales fijados por instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las acciones implementadas abarcaron cambios en las leyes relacionadas con sociedades anónimas, mecanismos de diligencia debida en el sector bancario, y un incremento en la colaboración entre organismos públicos para identificar y penalizar actividades ilegales.
Desde que Panamá fue agregada a esta clasificación en 2020, distintos sectores en el país, tanto gubernamentales como del ámbito privado, expresaron su oposición a lo que percibían como una evaluación injusta. Alegaban que el país había progresado notablemente en cuanto a transparencia financiera, pero que seguía existiendo una percepción desfavorable, intensificada por escándalos globales como el conocido caso de los «Papeles de Panamá», a pesar de que muchas de las prácticas mencionadas no estaban prohibidas por las leyes locales en ese momento.
Con esta reciente decisión, Panamá espera no solo mejorar su imagen ante los mercados financieros internacionales, sino también atraer nuevas inversiones y fortalecer las relaciones comerciales con socios europeos. Estar fuera de la lista elimina obstáculos para que bancos y empresas europeas operen con mayor confianza en el país, al tiempo que facilita procesos como la transferencia de fondos, el establecimiento de sucursales y la participación en licitaciones públicas.
Las autoridades panameñas resaltaron que esta exclusión no significa el fin del compromiso con la transparencia, sino que reafirma la voluntad del Estado de seguir reforzando sus mecanismos de control. Además, hicieron un llamado a otros países latinoamericanos que aún figuran en listas similares a redoblar esfuerzos y colaborar regionalmente para erradicar las prácticas ilícitas que afectan la estabilidad financiera del continente.
La salida de la lista también representa un triunfo para el sector financiero panameño, uno de los más desarrollados de la región. Bancos, firmas legales y consultoras han sido actores activos en la implementación de mejores prácticas, invirtiendo en tecnología de monitoreo, capacitación de personal y mecanismos de cumplimiento normativo. Este trabajo conjunto fue esencial para demostrar ante los evaluadores internacionales que el país estaba cumpliendo con los compromisos adquiridos.
Expertos en materia fiscal y legal advierten que, aunque la salida de la lista es una señal positiva, Panamá deberá continuar consolidando su marco normativo y mejorando la eficiencia institucional para evitar un retroceso. La presión internacional para actuar contra el blanqueo de capitales se mantiene, y organismos multilaterales realizan monitoreos constantes para asegurar que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
El dictamen de la Unión Europea forma parte de un contexto más amplio en el que se están revisando las listas grises y negras, y otros países también intentan mejorar su posición implementando reformas estructurales. En este contexto, Panamá destaca como un ejemplo exitoso de cómo un país puede cambiar su reputación en la escena financiera global mediante la voluntad política, la colaboración entre instituciones y el diálogo con las autoridades pertinentes.
El gobierno de Panamá reiteró su compromiso de seguir laborando por una economía que sea formal, clara y atractiva para la inversión que se realiza con responsabilidad. Según sus representantes, el país progresa con determinación hacia una nueva fase, donde el cumplimiento de las normas internacionales no se perciba como una imposición, sino como un elemento de una política estatal dirigida al desarrollo sostenible y a la plena integración en el sistema financiero mundial.
