En el mes de febrero de 2025, se desató una disputa diplomática entre Panamá y Estados Unidos a raíz de declaraciones encontradas sobre el paso de barcos estadounidenses por el Canal de Panamá. El Departamento de Estado de EE. UU. declaró que Panamá había aceptado eximir a las embarcaciones gubernamentales de Estados Unidos del pago de tarifas al utilizar el canal, lo que significaría un considerable ahorro para el gobierno de dicho país. No obstante, tanto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como el presidente panameño, José Raúl Mulino, negaron categóricamente la existencia de dicho acuerdo.
La ACP, organismo independiente encargado de gestionar el canal, difundió un comunicado en el que aclaraba que no se habían efectuado modificaciones en las tarifas ni en las políticas de tránsito. Asimismo, manifestó su apertura a iniciar conversaciones con las autoridades estadounidenses para tratar cualquier preocupación vinculada con el tránsito de embarcaciones militares por la ruta interoceánica.
Mientras tanto, el presidente Mulino describió la declaración del Departamento de Estado como una «falsedad intolerable». Durante una conferencia de prensa, Mulino destacó que tanto él como su gobierno carecen de la autoridad para cambiar las tarifas del canal o exentar a cualquier país de su pago, pues dichas decisiones competen únicamente a la ACP. También manifestó asombro ante el comunicado estadounidense y remarcó que tanto la Constitución como las leyes panameñas estipulan con claridad que no pueden concederse exenciones en los peajes del canal.
Este conflicto surge en un contexto de previas tensiones entre ambas naciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, había acusado anteriormente a Panamá de imponer tarifas elevadas por el uso del canal y propuso la posibilidad de que Estados Unidos retomara el control de la vía si no se respetaban principios «morales y legales». Además, Trump afirmó que Panamá había entregado el control del canal a China, una declaración que fue desmentida por ambos países.
Ante estas acusaciones, el presidente Mulino ha reiterado que el canal es propiedad soberana de Panamá y que no hay intervención extranjera en su gestión. También ha subrayado que la soberanía del país no está en debate y que Panamá ha manejado con éxito la administración del canal desde su entrega en 1999, después de los acuerdos firmados en 1977 con Estados Unidos.
La disputa ha provocado reacciones en la comunidad internacional. Los analistas indican que las palabras del presidente estadounidense podrían influir en las relaciones diplomáticas y comerciales en la región. Además, enfatizan la relevancia estratégica del Canal de Panamá en el comercio mundial, dado que cerca del 5% del intercambio global pasa por esta ruta, siendo Estados Unidos uno de sus principales usuarios.
En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Panamá y sostuvo encuentros con el presidente Mulino y los responsables del canal. En el curso de la visita, se abordaron asuntos referentes a la seguridad y neutralidad del canal, así como la influencia de China en la región. Luego de la reunión, Panamá anunció que no extendería su acuerdo de cooperación con China, decisión que algunos consideran un esfuerzo por suavizar las tensiones con Estados Unidos.
A pesar de las tensiones existentes, el presidente Mulino ha manifestado su voluntad de conversar con Estados Unidos para solucionar cualquier malentendido y reforzar las relaciones bilaterales. No obstante, ha dejado en claro que la soberanía y la gestión del Canal de Panamá no están abiertas a negociación.
A pesar de las tensiones, el presidente Mulino ha expresado su disposición a dialogar con Estados Unidos para resolver cualquier malentendido y fortalecer las relaciones bilaterales. Sin embargo, ha dejado claro que la soberanía y la administración del Canal de Panamá no están sujetas a negociación.
Esta situación pone de relieve las complejidades geopolíticas en torno al Canal de Panamá y la importancia de la diplomacia en la resolución de disputas internacionales. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, conscientes de las posibles repercusiones en el comercio global y en las relaciones entre las potencias mundiales.
