Los proyectos de infraestructura tienden a suscitar debates complejos cuando inciden en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el territorio, la consulta previa y la salvaguarda de derechos colectivos. En América Latina, uno de los episodios que atrajo una atención particular fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por el desarrollo de la represa Chan 75.
En ese marco, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que tomó parte en una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). La labor efectuada sobre el terreno permitió recoger información sobre la situación de las comunidades y preparar un análisis jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual evolución ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La labor de verificación realizada en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y fue conformada por un grupo de abogados expertos en derechos humanos. Su propósito consistió en examinar directamente la situación de las comunidades afectadas por la edificación de la presa y comparar la información oficial con los testimonios de la población. Con ese fin, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la empresa a cargo del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, para luego trasladarse a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde recorrió las áreas impactadas.
Durante la visita, se exploraron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas destinadas a reubicación y sectores previamente intervenidos por la obra. El trato cercano con las familias y los líderes comunitarios constituyó un eje fundamental del proceso, ya que brindó la posibilidad de comprender directamente el nivel de tensión, la vulnerabilidad y el desarraigo que muchas personas experimentaban desde el inicio del proyecto.
Aspectos clave del informe relacionado con Chan 75
El análisis se estructuró en cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el efecto social del proyecto; la devolución o compensación de tierras; las acciones de reparación; y la implicación de la comunidad en las decisiones y en los beneficios que surgen del desarrollo hidroeléctrico. Estos pilares posibilitaron examinar el caso de manera completa, integrando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad constatada en terreno.
Como señaló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de brindar una base jurídica firme y bien sustentada que sirviera de apoyo tanto a las comunidades involucradas como a las entidades responsables. Su objetivo no se reducía a cuestionar el proyecto desde un plano teórico, sino a determinar si las acciones del Estado y de la empresa habían garantizado derechos esenciales de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Hallazgos clave acerca de los derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más destacadas, el informe expone que inicialmente no se reconocieron plenamente sus derechos, en especial lo relativo a la personalidad jurídica de las comunidades y a la titularidad colectiva de sus territorios. Esa ausencia abrió la puerta a que la obra continuara sin consultas apropiadas ni análisis suficientes sobre sus repercusiones sociales y culturales.
También se recopilaron relatos sobre situaciones de intimidación, uso desmedido de la fuerza, detenciones sin justificación y procesos de negociación que no aseguraban que las familias afectadas tomaran una decisión plenamente libre. A esto se agregaron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron carencias vinculadas al tamaño y la calidad de los lotes, las oportunidades para realizar actividades agrícolas y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto particularmente delicado estuvo relacionado con las repercusiones morales y culturales del desplazamiento. Los documentos del caso evidenciaron un deterioro en la cohesión comunitaria, la desaparición de vínculos con su territorio y una exigencia de reconocimiento público por los daños sufridos, más allá de cualquier compensación material.
El eventual camino frente a organismos internacionales
Uno de los elementos importantes del trabajo era que el informe pudiera servir como insumo en un eventual recorrido del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, la recopilación de testimonios y la revisión documental resultaban claves para sostener un expediente con proyección internacional. “Era importante generar elementos útiles en caso de que la Corte Interamericana decidiera abrir el caso. Por eso recopilamos testimonios, identificamos patrones de actuación, revisamos los contratos de reubicación y analizamos las reformas legislativas recientes”, explica Loreto Ferrer.
Este tipo de procesos exige documentación rigurosa, análisis técnico y capacidad de interpretar tanto el contexto local como los estándares internacionales aplicables. Por eso, más que una intervención puntual, el trabajo en terreno y la elaboración del informe forman parte de una lógica de cooperación internacional basada en evidencia, análisis jurídico y comprensión de realidades sociales complejas.
Un caso concreto dentro de una experiencia más amplia
La participación de Loreto Ferrer en esta misión evidencia un ejercicio profesional relacionado con la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el estudio de situaciones complejas en América Latina. No solo implica acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la defensa de sus derechos.
En conjunto, el caso Ngöbe Buglé y el informe acerca de Chan 75 evidencian que los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al evaluar disputas vinculadas con el territorio, los pueblos indígenas, el desarrollo y las instituciones internacionales.
