El plan del tren Panamá–Divisa progresa hacia un momento crucial, después de que las autoridades presentaran la creación de un listado formal que enlistará los terrenos que podrían verse involucrados por la edificación de la nueva línea ferroviaria. Este inventario permitirá identificar con exactitud las propiedades afectadas y será fundamental para llevar a cabo análisis técnicos, negociaciones con los dueños y determinar posibles expropiaciones.
El desarrollo del ferrocarril, el cual enlazará la Ciudad de Panamá con la frontera con Costa Rica en Divisa, abarca más de 475 kilómetros de recorrido. Se anticipa que este proyecto potencie de manera notable el crecimiento económico y la cohesión regional, mediante la mejora en el transporte de personas y bienes, con velocidades máximas estimadas de hasta 180 kilómetros por hora para pasajeros y 100 para carga.
En esta fase, la elaboración del registro de fincas busca establecer con claridad los límites del terreno que serán intervenidos, tanto en superficie como en subsuelo. Para ello, se contratará un levantamiento catastral detallado que incluirá visitas a los predios, entrevistas a propietarios y análisis topográficos. Esta tarea forma parte de una planificación cuidadosa que prevé también un estudio de impacto territorial para evaluar las posibles repercusiones sociales, ambientales y económicas.
La cantidad destinada para estas labores iniciales sobrepasa los 400 mil dólares, mostrando la intención de asegurar un procedimiento técnico y transparente. Este esfuerzo es respaldado por un plan comunicativo enfocado en informar a las comunidades a lo largo del recorrido, donde las autoridades se comprometen a ofrecer información sobre el progreso del proyecto, los derechos de los propietarios y las formas de atender inquietudes y quejas.
Los pueblos situados a lo largo del trazado del tren, tanto en áreas urbanas como rurales, se alistan para enfrentar las transformaciones que traerá este proyecto. Especialmente, los dueños de terrenos agrícolas han expresado inquietud por las repercusiones que dicha vía tendrá en sus propiedades, comprometiendo no solo el terreno, sino también la disponibilidad de servicios esenciales como carreteras, sistemas de riego y áreas de pastoreo.
El registro oficial ayudará a precisar las propiedades implicadas, lo que hará más sencillo negociar compensaciones económicas o llevar a cabo expropiaciones si es necesario. Las autoridades han indicado que se garantizarán los derechos de propiedad de acuerdo con las leyes actuales, contemplando la solución de eventuales conflictos sobre límites y la verificación de títulos.
Aparte de los elementos legales y técnicos, el procedimiento incluye también valoraciones ambientales y sociales que contribuyen a reducir los riesgos y a planificar medidas de mitigación para salvaguardar el medio ambiente y el bienestar de las comunidades. Estas medidas abarcan la edificación de cruces peatonales, corredores para animales y sistemas de protección contra el ruido y la polución.
El gobierno ha comunicado que el comienzo oficial de la construcción se anticipa para inicios de 2026, una vez finalizada esta fase de preparación y garantizada la viabilidad legal, técnica y social del proyecto. Igualmente, se está colaborando con las entidades legislativas para asegurar los fondos requeridos, entre los cuales se contemplan gastos para la compra de terrenos y la contratación de servicios especializados.
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo oficial por sus beneficios en movilidad y desarrollo económico, algunos sectores han expresado reservas sobre el proceso de consulta y la transparencia en la gestión de afectaciones a la propiedad privada. Por ello, se espera que el gobierno refuerce los mecanismos de diálogo y participación ciudadana para construir acuerdos que eviten conflictos y aseguren una implementación equitativa.
En suma, la preparación de la lista oficial de fincas representa un paso clave en la ejecución del tren Panamá–Divisa. Su correcta elaboración y manejo determinarán en gran medida el éxito del proyecto, al equilibrar la necesidad de infraestructura moderna con el respeto a los derechos de los habitantes y la protección del entorno en las zonas intervenidas.
