El Consejo de Gabinete de Panamá ha solicitado a la Asamblea Nacional extender las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta petición busca suspender los efectos de la Ley 468, recientemente aprobada, que reformó el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas.
La normativa 468, aprobada el 24 de abril de 2025, implementó alteraciones importantes en el modelo de subsidios para créditos hipotecarios. Una de las actualizaciones más notables es la disminución de hasta un 1% en la tarifa preferencial y la adición del artículo 12, que exige a las instituciones bancarias analizar la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que se termine el período del subsidio recibido.
Estas reformas generaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores inmobiliarios, quienes argumentaron que las nuevas disposiciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad a la vivienda para miles de familias panameñas. En respuesta a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que la suspensión propuesta permitiría que la Ley 3 de 1985, la cual no contempla la reducción del subsidio, vuelva a estar en vigor temporalmente. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de trámites pendientes para aproximadamente 9,000 familias que buscan acceder a una vivienda propia.
El envío del retraso de la Ley 468 al Legislativo se realizará a través del proyecto de ley 59-92, el cual se discutirá durante las sesiones extraordinarias. Actualmente, la Asamblea Nacional celebra sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para ratificar nombramientos en varias instituciones estatales, por lo que incluir este nuevo proyecto exigirá una extensión del periodo legislativo.
La situación ha generado un debate en torno a la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del Estado con el fomento al acceso a la vivienda. Mientras el gobierno busca evitar un aumento en la deuda pública, el sector de la construcción y las instituciones financieras enfatizan la importancia de mantener incentivos que promuevan la inversión y el desarrollo económico.
La regulación sobre Intereses Preferenciales ha sido crucial para el crecimiento del sector inmobiliario en Panamá durante más de cuatro décadas. Su modificación ha generado incertidumbre en el mercado, afectando la aprobación de nuevos créditos para viviendas y el avance de proyectos de construcción. La suspensión temporal de la Ley 468 busca proporcionar un respiro al sector mientras se consideran alternativas para alcanzar una reforma equilibrada y sostenible de los subsidios.
En los próximos días, es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen juntos para encontrar una solución que aborde las preocupaciones de las partes involucradas, garantizando que las familias en Panamá puedan obtener vivienda sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
