Antecedente de la política vigente
A inicios de junio se emitió una declaración que establece prohibiciones absolutas para los visitantes de 12 países —como Afganistán, Irán, Yemen y Libia— y limitaciones parciales para ciudadanos de otras siete naciones, entre las que se encuentran Cuba y Venezuela. Se justificó la acción como una protección para la seguridad del país, citando fallos en la verificación de documentos, elevadas tasas de estancia ilegal tras el vencimiento de visas y una colaboración insuficiente en procesos de deportación.
La decisión de extender la lista
Un cable interno del Departamento de Estado, firmado por el secretario de Estado, identificó 36 países cuyas carencias podrían justificar sanciones adicionales —ya sea mediante vetos totales o restricciones parciales— si no cumplen con ciertos estándares en las próximas seis semanas.
Los criterios clave incluyen:
- Carencia de organismos gubernamentales capacitados para emitir pasaportes y más documentos confiables.
- Altos índices de permanencia ilegal después del vencimiento de las visas.
- Falta de colaboración con Estados Unidos para el regreso de ciudadanos deportados.
- Casos de terrorismo, antisemitismo o actividad antiestadounidense registrados en el país de origen.
El memorando les da 60 días para cooperar y proponer mejoras —con un plazo inmediato para presentar planes preliminares— o de lo contrario se activarían las nuevas restricciones.
Alcance geográfico y demográfico
El grupo abarca naciones de África (25), Asia, el Caribe y el Pacífico. Se mencionan colaboradores importantes como Egipto, Nigeria, Etiopía, Ghana, Camerún y Camboya. Este crecimiento indica una modificación significativa, ya que aproximadamente 1 450 millones de individuos —cerca del 18 % de la población global— podrían ser impactados si las prohibiciones se implementan por completo.
Metas formales de la gestión
Según las autoridades, el objetivo es asegurar elevados niveles de seguridad en términos de migración, asegurando que las naciones colaboren en la devolución de personas sin documentos y minimicen riesgos asociados al terrorismo o actividades extremistas. Un representante del Departamento de Seguridad Nacional mencionó que fortalecer estas medidas «colaborará en la protección del suelo estadounidense y en asegurar la seguridad de nuestras comunidades».
Críticas y controversias
La decisión ha generado críticas por ser vista como discriminatoria y demasiado severa, en particular porque muchos de los países mencionados son de África y Asia Pacífico. Críticos sostienen que es una política xenófoba con consecuencias diplomáticas y humanitarias, además de efectos negativos sobre la migración de estudiantes, el turismo y la cooperación internacional.
Implicaciones internacionales y geopolíticas
- Para las naciones mencionadas: deberán mejorar las fallas en la emisión de documentos, manejo de deportaciones y control de seguridad para evitar sanciones adicionales.
- Vínculos diplomáticos: se anticipan tensiones, ya que algunos integrantes son aliados de larga data.
- Contexto migratorio: estudiantes, turistas y trabajadores podrían enfrentar procedimientos más estrictos, tiempos de espera prolongados o anulaciones de visas.
- Ámbito legal: es posible que surjan nuevas disputas judiciales, como ha sucedido anteriormente.
Pronósticos a breve y mediano plazo
- 60 días cruciales: los gobiernos tienen plazo hasta agosto para presentar planes de acción.
- Implementación progresiva: los vetos pueden comenzar a implementarse de manera parcial o total conforme progrese la evaluación.
- Evaluación constante: se prevé que este sea un sistema dinámico, con capacidad para aumentar o disminuir restricciones conforme cambie el nivel de cumplimiento.
